Esclavitud en Santa Cruz de la Sierra

Derechos Humanos de Santa Cruz pide inmediata liberación de familias cautivas

Santa Cruz, 20 abr (ABI).- La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Santa Cruz (APDH), a través de una carta enviada al Gobierno y autoridades de ese departamento, pide la inmediata liberación de las familias cautivas en el Chaco boliviano que viven en estado de servidumbre y esclavitud.
Entre los puntos que destaca la misiva se solicita "adoptar las medidas que sean necesarias para la inmediata liberación de las comunidades indígenas guaraníes que viven en estado de esclavitud o servidumbre y salvaguardar sus vidas e integridad física, social, económica y cultural".
Asimismo, demandan iniciar un proceso legal en contra de las personas responsables y cómplices por el delito de "reducción a la esclavitud o estado análogo" y demás acciones conexas con esta grave falta.
A tiempo de lamentar los hechos de violencia ocurrido el 13 de abril en la localidad de Cuevo, próximo a Camiri, capital de la Provincia Cordillera de Santa Cruz, en donde indígenas guaraníes, además de funcionarios de Estado y periodistas, fueron atacados salvajemente por una turba de gente enviada por hacendados de la región, solicitan investigar y procesar a los culpables de ese atentado a los derechos humanos.
Sobre el mismo, exigen garantizar la liberación inmediata de las personas que se encuentran retenidas, desaparecidas o en calidad de rehenes, así como evacuar a los heridos y brindarles la atención médica y especial protección a sus vidas e integridad personal.
"Causa alarma que no se brinden las garantías necesarias para la protección de las comunidades que legítimamente reclaman sus derechos y para los funcionarios encargados de aplicar los procedimientos conducentes a su satisfacción", señala el documento.
En ese sentido también solicitan al Gobierno central y autoridades departamentales y municipales a dar aplicación estricta a los instrumentos nacionales e internacionales de derechos humanos y de los pueblos indígenas, en especial a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas.
Además de la Convención sobre la Esclavitud, la Convención Suplementaria sobre abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Constitución Política del Estado boliviano y demás normas de carácter nacional.
"Sabemos que estos hechos de violencia se han desatado como reacción de los hacendados por la aplicación del proceso de saneamiento de los territorios ancestrales de este pueblo indígena y que están dirigidos a impedir la liberación de los indígenas en estado de cautiverio y a mantener el estado actual de tenencia de tierras en la región en favor de unos pocos beneficiarios de los indígenas sometidos a servidumbre", expresa la carta.
El mencionado documento es dirigido al presidente de la República, Evo Morales Ayma; al ministro de Gobierno, Alfredo Rada Vélez; al director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Juan Carlos Rojas; al prefecto del Departamento de Santa Cruz, Rubén Costas.
Asimismo, al comandante de la Policía de Santa Cruz, Cnl. Enrique Urquiri Paez; al subprefecto de la Provincia Cordillera, Marcelino Apurani y al Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín Sánchez.